El 87% de las solicitudes de protección internacional que recibe Costa Rica corresponde a ciudadanos nicaragüenses, de acuerdo con lo expuesto por Cindy Molina, jefa de la Unidad de Refugio de ese país, durante una comparecencia ante diputados de la Asamblea Legislativa. El dato confirma que Nicaragua sigue siendo el principal país de origen de las personas que buscan amparo en la nación vecina.
- Predominio nicaragüense: después de Nicaragua aparecen Cuba, Venezuela y Colombia, aunque el detalle de los porcentajes por país no fue precisado.
- Volumen anual: Costa Rica recibe entre 25,000 y 30,000 solicitudes nuevas de nicaragüenses cada año.
- Punto de quiebre: antes de abril de 2018 la oficina atendía cerca de 3,000 pedidos anuales; llegó a registrar 84,000 en un solo año.
- Tiempos de espera: un informe de la Contraloría calculó 537 días entre la presentación de un expediente y su resolución.
Un flujo que se multiplicó desde 2018
Molina vinculó el crecimiento sostenido de las solicitudes con los hechos ocurridos en Nicaragua en abril de 2018. Antes de esa fecha, la dependencia costarricense tramitaba alrededor de 3,000 pedidos de refugio al año. A partir de entonces la cifra se elevó de forma acelerada por la llegada de personas que buscaban protección, hasta alcanzar un máximo de 84,000 solicitudes en un año, el registro más alto mencionado por la funcionaria.
La jefa de la Unidad explicó que la oficina regula la asignación de citas para nuevas solicitudes según su capacidad de atención, y no por falta de interesados en iniciar el trámite. La demanda se mantiene elevada pese a ese control operativo.
“Nicaragua el 87 por ciento de solicitudes”, respondió Molina ante la consulta de un legislador sobre las nacionalidades con más pedidos de refugio.
Criterios de evaluación y plazos de resolución
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) analiza los casos con base en las causales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951: persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política y pertenencia a un grupo determinado. Costa Rica incorporó además el género como motivo de persecución para el estudio de los pedidos. El material expuesto no detalla cómo se reparten los expedientes nicaragüenses entre esas causales.
La entrevista de elegibilidad puede prolongarse hasta 30 minutos, dependiendo de las características de cada caso, y forma parte del procedimiento previo a la decisión de reconocer o denegar la solicitud. Sobre la demora, Molina citó un informe de la Contraloría que fijó en 537 días el plazo promedio desde que se presenta el trámite hasta que se define.
Los registros de la DGME de 2025 muestran que Costa Rica recibió 23,044 nuevas solicitudes de nicaragüenses en ese período, mientras se reconocieron 902 y se denegaron 1,048. La información no especifica cuántos de esos casos correspondían a personas nicaragüenses ni cuántos expedientes quedaron pendientes al cierre del año.
Menos personal y dudas sobre el financiamiento
La oficina dispone de formularios en español, inglés, francés y miskito, y cuenta con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para conseguir intérpretes cuando se requieren. Sin embargo, la plantilla se redujo de 43 a 36 trabajadores, una baja que la funcionaria atribuyó a los recortes de Estados Unidos a Naciones Unidas. Del total actual, 16 puestos son de abogados y 20 de personal administrativo. En octubre, Molina no sabía si Acnur podría sostener el financiamiento de esas plazas.
El diputado Antonio Trejos Maraziegos señaló que la visita permitió revisar la situación de la oficina, los expedientes en trámite, las cargas laborales y las deficiencias de presupuesto y capacidad operativa, además del trabajo del personal.
“Podemos verificar la situación”, sostuvo Trejos Maraziegos.
El legislador indicó que los datos servirán para continuar el análisis presupuestario y de fondo sobre el funcionamiento de la dependencia, con el objetivo de dotar a Costa Rica de mejores herramientas para atender a los solicitantes y aplicar sus políticas migratorias.
El peso de los expedientes nicaragüenses dentro del sistema costarricense no solo define la carga diaria de la Unidad de Refugio: también condiciona los tiempos de espera, la asignación de personal y la discusión presupuestaria en la Asamblea Legislativa. Mientras el flujo se mantenga en decenas de miles de casos por año, la presión sobre una estructura que ya opera con menos funcionarios seguirá siendo el eje del debate sobre la capacidad real del país para resolver cada solicitud.