Las autoridades de Costa Rica identificaron a siete posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, entre ellas mujeres nicaragüenses, durante un allanamiento realizado en un bar restaurante de Sámara, en la provincia de Guanacaste. Una mujer de origen dominicano y naturalizada costarricense fue detenida como sospechosa de administrar el presunto esquema.
- Siete posibles víctimas: las mujeres identificadas son de nacionalidad nicaragüense y dominicana, según la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica.
- Una detenida: la sospechosa, identificada por los apellidos Cabrera Durán, administraba el comercio allanado la noche del jueves 15 de octubre.
- Evidencia decomisada: más de 300 mil colones costarricenses en efectivo, teléfonos móviles, computadoras y documentos con anotaciones sobre clientes, horarios y montos de dinero.
El operativo en el Bar Restaurante La Jefa
El procedimiento se ejecutó la noche del jueves 15 de octubre en el Bar Restaurante La Jefa, de acuerdo con la información divulgada por la Dirección General de Migración y Extranjería. La investigación quedó a cargo de la Policía Profesional de Migración.
Las siete mujeres identificadas son de nacionalidad nicaragüense y dominicana. Las autoridades no detallaron cuántas procedían de Nicaragua ni dieron a conocer sus edades, sus lugares de origen o su situación migratoria.
La hipótesis: pagos por SINPE y captación mediante contactos familiares
La Policía Profesional de Migración sostiene que las mujeres permanecían en el lugar sin las garantías laborales mínimas previstas por la legislación costarricense y que realizaban servicios sexuales a cambio de dinero.
La hipótesis bajo análisis indica que la administradora recibía parte de las ganancias a través de transferencias enviadas a su número telefónico mediante el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE).
En el caso de las mujeres dominicanas, la institución indicó que los contactos presuntamente se producían a través de amistades y familiares en República Dominicana, país al que la detenida viajaba con frecuencia. La información oficial no precisó el mecanismo de captación de las ciudadanas nicaragüenses.
Según la investigación oficial, la sospechosa aprovechaba su cercanía con mujeres extranjeras para acercarse a quienes buscaban empleo y mejores ingresos.
Material incautado y peritajes en curso
Durante el allanamiento, los agentes decomisaron más de 300 mil colones costarricenses en efectivo, teléfonos móviles, computadoras y documentos vinculados con la actividad del establecimiento.
Entre el material incautado había anotaciones sobre clientes, horarios y montos de dinero. También se encontraron registros de presuntas sanciones aplicadas a las mujeres, elementos que serán peritados como parte de la causa por posible trata de personas con fines de explotación sexual.
Vulnerabilidad migrante y preguntas sin respuesta
La presencia de nicaragüenses entre las posibles víctimas coloca el foco sobre la vulnerabilidad que pueden enfrentar algunas personas migrantes al buscar trabajo fuera de su país.
La Dirección General de Migración y Extranjería no informó si las siete mujeres accedieron a asistencia especializada, si quedaron bajo protección institucional ni si hubo contacto con las representaciones consulares de Nicaragua y República Dominicana. Tampoco se comunicó si existen otras personas bajo investigación por una posible participación en los hechos.
La detención de Cabrera Durán no implica una declaración de culpabilidad. Su eventual responsabilidad penal deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente.
Cómo denunciar
Las autoridades costarricenses solicitaron reportar de forma confidencial cualquier situación vinculada con trata de personas. Las denuncias pueden realizarse a través del sistema de emergencias 911 o del número policial 2106-4005.
El caso de Sámara deja abiertos varios frentes: la determinación judicial sobre la detenida, la verificación del estatus migratorio de las siete mujeres y la eventual identificación de más responsables. Mientras esas diligencias avanzan, la presencia de nicaragüenses entre las posibles víctimas refuerza el llamado de las organizaciones especializadas a fortalecer los mecanismos de detección temprana en zonas costeras, donde el empleo informal y la movilidad laboral dificultan que las víctimas denuncien a tiempo.