La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió 525 solicitudes de medidas cautelares y otorgó 129 entre 2018 y agosto de 2022 frente a las denuncias por la crisis de derechos humanos en Nicaragua. También pidió tres medidas provisionales y ocho ampliaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El balance figura en el octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que repasa la reacción internacional ante casos de tortura, detenciones arbitrarias y otros abusos registrados desde las protestas de abril de 2018.
- Medidas cautelares: las 129 protecciones resguardaron la vida e integridad de más de 280 personas.
- Peticiones: la CIDH recibió más de 399 denuncias y abrió a trámite 58 casos.
- Colectivo: presentó 52 solicitudes de protección ante el Sistema Interamericano, siete de ellas de medidas provisionales.
- Sanciones: más de 60 funcionarios y varias instituciones fueron sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza.
De la visita de 2018 al retiro de la cooperación
La CIDH fue una de las primeras instancias internacionales en llegar tras el estallido de las protestas. Visitó el país en mayo de 2018, luego de una invitación estatal, y advirtió en sus observaciones preliminares sobre uso excesivo de la fuerza, muertes, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, malos tratos y ataques contra la libertad de expresión. En junio concluyó que se habían vulnerado los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad individual, la reunión, la expresión y el acceso a la justicia.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abarcó los hechos entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018 y mencionó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y restricciones a las libertades de opinión, expresión y reunión pacífica.
Según el Observatorio, el Estado retiró la invitación a esa oficina tras esas conclusiones y luego salieron del país el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que presentó su informe en el exterior y concluyó que existían elementos para considerar crímenes de lesa humanidad.
La Corte Interamericana y los 45 detenidos
Para el Colectivo, esa salida limitó la verificación directa de las denuncias dentro del territorio, aunque los organismos siguieron emitiendo informes y activando protección para detenidos, periodistas, opositores, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas.
La Corte Interamericana ordenó medidas para personas privadas de libertad por razones políticas y sus núcleos familiares, con disposiciones sobre la vida, la integridad, la salud y la alimentación. En octubre de 2022 exigió la liberación inmediata de 45 personas recluidas en ocho centros, considerando las condiciones de detención y el deterioro de la salud física y mental denunciados. El informe sostiene que el Estado no cumplió plenamente esas decisiones.
Alertas por tortura y una visita cancelada
El Comité de Derechos Humanos manifestó preocupación por denuncias de tortura y malos tratos durante las capturas, en estaciones policiales y en centros de privación de libertad, y recomendó investigaciones rápidas e independientes, la aplicación del Protocolo de Estambul y reparaciones para las víctimas.
El Comité contra la Tortura examinó el caso nicaragüense en 2022; según el Observatorio, el Estado no respondió la lista de cuestiones ni envió delegación. Recibió información sobre torturas en el Chipote Viejo, el Chipote Nuevo, La Modelo y La Esperanza: aislamiento, hacinamiento, falta de ventilación, restricciones de agua, falta de atención médica, violencia sexual y requisas invasivas contra familiares mujeres.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura anuló su visita de 2023 por falta de cooperación estatal. Nicaragua ratificó en 2009 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que prevé supervisión internacional de los lugares de detención. Tras cancelar la misión, el Subcomité divulgó el informe de una visita de 2014 que seguía confidencial.
Sanciones sin efecto interno y el trabajo del GHREN
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza sancionaron a más de 60 funcionarios y autoridades nicaragüenses. Las medidas alcanzaron a la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio Público y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, y Washington sancionó además a 23 jueces y fiscales. Según el Colectivo, esas decisiones no tuvieron consecuencias directas dentro del país: sus efectos se limitaron a restricciones de ingreso, congelamiento de bienes y trabas para operar financieramente.
En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), con mandato renovado por dos años en abril de 2023 para investigar abusos desde abril de 2018 y preservar pruebas. Su primer informe concluyó que había motivos razonables para considerar que las violaciones fueron generalizadas y sistemáticas por razones políticas. El grupo no recibió cooperación oficial, no pudo entrar al país y entrevistó a víctimas en el exilio.
El texto advierte que no existen condiciones para una judicialización interna efectiva y plantea resguardar testimonios, expedientes médicos, fotografías, videos y registros administrativos, junto con información sobre órdenes y cadenas de mando. Menciona la jurisdicción universal como alternativa y alude a la causa abierta en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Con más de 280 personas bajo protección y una cooperación estatal que se fue cerrando, el octavo informe describe un archivo de evidencia que se construye fuera de Nicaragua. La conservación de esos registros será determinante para cualquier proceso de verdad, justicia y reparación que se abra en el futuro.