La docente María Luisa Dávila Hurtado, reportada como desaparecida por sus familiares en julio pasado, admitió su participación en una red de transporte internacional de cocaína con destino a Honduras y fue declarada culpable junto a otras cuatro personas. La maestra de Nagarote reconoció los hechos durante la audiencia de juicio del 9 de octubre, en la que la Fiscalía pidió para ella una condena de hasta 15 años de prisión.
- Admisión de cargos: Cinco de los seis procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos de crimen organizado y transporte internacional de estupefacientes.
- Pena solicitada a la líder: Para Chrystel Magali Baltodano Salguera, el Ministerio Público pidió 22 años de cárcel y 500 días multa.
- Causa pendiente: Jeffry Jonathan Urbina López fue el único que no admitió los hechos; su juicio fue reprogramado para el 23 de octubre.
De la desaparición al hallazgo de 137 kilos de cocaína
Dávila Hurtado fue vista por última vez el miércoles 22 de julio en el balneario El Tránsito, en Nagarote, departamento de León. En ese momento la acompañaba Wilber Antonio Gutiérrez Espinoza, otro de los acusados en la misma causa. Ambos habían sido detenidos por la Policía durante un operativo vinculado a la incautación de droga.
Al día siguiente del reporte de sus familiares, el jueves 23 de julio, las autoridades ejecutaron un allanamiento en una vivienda de la residencial Las Palmeras, en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya. En ese lugar se ocuparon paquetes envueltos en plástico y cinta adhesiva con un peso aproximado de 137 kilos, que dieron positivo a cocaína en la prueba de campo. También se decomisaron dos motocicletas y un vehículo.
Las penas que solicita el Ministerio Público
La investigación identifica a Chrystel Magali Baltodano Salguera como la líder de la organización. De acuerdo con la acusación, era la encargada de recibir la droga y de coordinar las comunicaciones relacionadas con la actividad ilícita. Por ese rol, el Ministerio Público solicitó 22 años de prisión: siete por crimen organizado y 15 por transporte internacional de drogas, además de 500 días multa.
Para el resto de los acusados que aceptaron los hechos, entre ellos la docente de Nagarote, la Fiscalía pidió 15 años de cárcel: cinco por crimen organizado y 10 por transporte internacional de estupefacientes, más 500 días multa para cada uno. Además de Dávila Hurtado y Baltodano Salguera, se declararon culpables de forma voluntaria Luis Ángel Ñurinda Robleto y Jorge Steven López López. Gutiérrez Espinoza completa el grupo de los cinco procesados que reconocieron los hechos.
Bienes incautados y el rumbo de la causa
La jueza Ulisa Yaoska Tapia Silva, titular del Juzgado Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, los declaró coautores de crimen organizado y de transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en modalidad internacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense. La judicial ordenó la clausura anticipada del juicio y mantuvo la medida cautelar de prisión mientras se dicta la sentencia definitiva. También dispuso la destrucción de la droga incautada.
A Baltodano Salguera se le ocuparon USD 1,161 y 8,289.25 córdobas (unos USD 223.81). La jueza estableció que ese dinero, junto con el resto de los montos incautados, se deposite en las cuentas únicas del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Procuraduría General de la República respaldó la solicitud fiscal y pidió además el decomiso definitivo de los bienes ocupados en la investigación, entre ellos las motocicletas y el vehículo del allanamiento en Nindirí.
El sexto acusado
En la causa figura un sexto procesado, Jeffry Jonathan Urbina López, quien fue el único que no admitió los hechos, por lo que su proceso continuará de manera independiente. A solicitud de su defensa, el juicio en su contra fue reprogramado para el 23 de octubre. Durante el operativo policial, realizado alrededor de las 6:00 am del jueves 23 de julio, a Urbina López se le incautaron 1,590 córdobas (USD 42.93), mientras que a Gutiérrez Espinoza se le ocuparon 227 córdobas (USD 6.13).
Con la clausura anticipada del juicio para los cinco acusados que aceptaron los hechos, la causa se encamina hacia la sentencia definitiva, mientras se mantiene la prisión preventiva y queda por resolverse el decomiso de los bienes incautados. El caso inició con la búsqueda de una maestra en Nagarote y terminó por desmontar, según la acusación, una estructura dedicada al traslado de cocaína hacia Honduras. La definición del proceso contra Urbina López, previsto para el 23 de octubre, será la última pieza pendiente de este expediente judicial.