Un total de 113 personas sufrieron alguna forma de violencia sexual mientras estuvieron bajo custodia estatal por motivos políticos en Nicaragua. La cifra forma parte del octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que sistematizó los testimonios de 158 sobrevivientes de tortura a través del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura.
- Magnitud del patrón: la violencia sexual alcanzó a 93 de los 130 hombres y a 20 de las 28 mujeres incluidos en la muestra.
- Desnudez forzada: se documentaron 99 casos, entre ellos tres familiares mujeres de presos políticos revisadas al ingresar a centros de detención.
- Violaciones: nueve denuncias, siete de ellas contra mujeres y dos contra hombres.
- Enfoque de género: se registraron 71 situaciones de violencia sexual y de género contra 20 de las 28 mujeres documentadas.
Desnudez forzada, la práctica más reportada
El informe sitúa la desnudez forzada como la modalidad con más registros: 99 casos. Las víctimas relataron que las obligaban a quitarse toda la ropa, incluida la interior, al ingresar a los centros, durante las requisas, en los traslados o antes de los interrogatorios. En varios testimonios señalaron que también debían hacer sentadillas mientras permanecían sin ropa y que la práctica se repetía cada vez que salían o volvían a sus celdas.
Los hechos fueron denunciados en estaciones policiales de distintos departamentos, en los edificios del Chipote Viejo y el Chipote Nuevo, en centros clandestinos o irregulares y en establecimientos penitenciarios como La Modelo, La Esperanza y el penal de máxima seguridad.
El Observatorio registró además diez víctimas fotografiadas o grabadas en video mientras estaban desnudas: seis hombres y cuatro mujeres. Según los testimonios, la captación de imágenes ocurría junto con insultos, amenazas o burlas, y aumentaba el temor a una eventual exposición de su intimidad.
El Observatorio Nicaragüense contra la Tortura sostiene que estas prácticas fueron empleadas como mecanismos de castigo, humillación, sometimiento y control.
Violaciones, amenazas y abuso sexual
La investigación documentó nueve casos de violación sexual: siete contra mujeres y dos contra hombres. Las denuncias ubicaron los hechos en centros policiales, el Chipote Viejo y lugares clandestinos de detención. En los dos casos de hombres, los testimonios identificaron como escenarios el antiguo edificio de la Dirección de Auxilio Judicial y un centro clandestino en Jinotepe, departamento de Carazo. Las agresiones ocurrieron durante interrogatorios y estuvieron acompañadas por otras formas de tortura física y psicológica.
También se registraron 14 víctimas de amenazas de violación sexual, ocho hombres y seis mujeres. Estas amenazas aparecieron sobre todo en interrogatorios y traslados, y fueron usadas para intimidar, obtener información o forzar confesiones. En algunos casos contra mujeres, las advertencias se dirigieron contra sus hijas.
El abuso sexual fue denunciado por diez personas detenidas —seis hombres y cuatro mujeres— e incluyó tocamientos sin consentimiento en La Modelo, el Chipote Viejo y estaciones policiales de Jinotepe, León y Masaya. A ello se suman diez denuncias de abuso sexual contra familiares mujeres durante las requisas para ingresar a centros de reclusión, dirigidas contra madres, esposas u otras parientes de hombres encarcelados.
El peso diferenciado sobre las mujeres
De las 28 mujeres incluidas en la muestra, en 27 casos participaron agentes policiales y en 13 hubo fuerzas combinadas con presencia de personas vestidas de civil. El informe registró violencia física o psicológica en 25 de las 28 detenciones, con golpizas, lesiones con armas u objetos, amenazas de muerte y amenazas contra hijos e hijas.
En 13 casos, las mujeres denunciaron amenazas de matarlas, desaparecerlas o quitarles a sus hijos. Los testimonios indican que los interrogadores mostraban fotografías de los menores o afirmaban tenerlos ubicados para presionarlas a declarar, firmar documentos o grabar videos incriminatorios.
La privación de medicamentos e insumos de higiene quedó identificada en 14 casos de mujeres, con restricciones a tratamientos por condiciones endocrinas, reproductivas y respiratorias, limitaciones al ingreso de ropa interior y productos para la menstruación. Algunas denunciaron haber permanecido desnudas mientras menstruaban, y varias no recibieron atención médica adecuada pese a hemorragias, infecciones o afectaciones emocionales. Dos mujeres reportaron trabajo forzoso en tareas domésticas para agentes policiales o custodios, sin remuneración y bajo amenazas. Además, 17 mujeres fueron sometidas a desnudez forzada y en cuatro de esos casos hubo fotografías o videos; tres interrogatorios se realizaron con las detenidas totalmente desnudas y otras dos permanecieron sin ropa durante todo el período de privación de libertad.
El documento concluye que la violencia sexual y de género formó parte del conjunto de torturas aplicadas contra mujeres presas políticas y que no se limita a hechos aislados: se trata de un patrón sostenido en el tiempo dentro del sistema de detención. La sistematización de estos 71 casos, que no contabiliza los 13 actos registrados contra familiares mujeres, deja abierta la discusión sobre la responsabilidad estatal y sobre la urgencia de que las denuncias sean investigadas por instancias independientes, en un contexto donde las víctimas siguen reportando consecuencias físicas y psicológicas.