La transferencia de nueve viviendas situadas en playa Gavilán, Tola, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) dejó sin propiedades a un grupo de jubilados estadounidenses que asegura no haber recibido ninguna notificación oficial. La operación se ejecutó a fines de agosto de 2026 y, según los propietarios, el valor conjunto de las construcciones, las mejoras y los bienes que permanecían en el interior llega a 15 millones de dólares.
- Inmuebles ocupados: Las nueve casas comparten rasgos de arquitectura mediterránea y algunas contaban con piscina y paneles solares, aunque no formaban parte de un condominio.
- Valor estimado: Los dueños calculan en 15 millones de dólares la inversión total, que incluye las mejoras a las viviendas y los enseres que había adentro.
- Contratos anulados: Los afectados mantenían arriendos renovables con la Alcaldía de Tola bajo la Ley 690 para el Desarrollo de Zonas Costeras, y el contrato del año en curso fue cancelado.
Cómo se enteraron de la ocupación
Los jubilados supieron de la toma de las casas cuando trabajadores de las viviendas les avisaron que personas identificadas como funcionarios del Seguro Social habían llegado al lugar. De acuerdo con los testimonios de los afectados, esos hombres ordenaron a los vigilantes retirarse argumentando que las propiedades ya pertenecían al INSS.
Los propietarios llegaron a Nicaragua durante la década de 2000 y terminaron de construir en 2010. Las viviendas estaban amuebladas y conservaban equipos domésticos, ropa, muebles, cuadros y otros artículos personales. La construcción de la casa más pequeña habría requerido una inversión cercana a 500.000 dólares, mientras que la de mayor tamaño habría costado entre 700.000 y 800.000 dólares, sin contar los bienes que permanecían dentro.
“El daño es cuantioso porque la inversión, entre las mejoras a las nueve casas y enseres que había adentro, fácilmente llega a los 15 millones de dólares”, afirmó uno de los propietarios afectados.
Canon municipal, impuestos y vigilancia estatal
Bajo la Ley 690 para el Desarrollo de Zonas Costeras, las edificaciones podían pertenecer a particulares mientras los terrenos siguieran en manos del Estado. Cada residente pagaba 1.000 dólares anuales por el canon municipal, además del Impuesto de Bienes Inmuebles. Uno de los jubilados sostuvo que los dueños cumplieron con esos pagos durante más de 15 años.
“De la nada, la alcaldía canceló el contrato de arriendo de este año y nos quitaron nuestras casas”, declaró el mismo afectado.
Tras la transferencia, las casas quedaron bajo vigilancia de personas asignadas por el Régimen, según los propietarios. Las consultas que presentaron ante la Policía Nacional y la Alcaldía de Tola derivaron en la confirmación de que los inmuebles pertenecen al Estado.
La situación también golpeó a unos 15 trabajadores locales que se desempeñaban en labores de vigilancia, jardinería, mantenimiento, limpieza y cocina. Uno de los propietarios señaló que las estadías de los residentes estadounidenses generaban además gastos en negocios de la zona. Al contactar la sede central del INSS en Managua, un funcionario les propuso alquilar las viviendas por unos 2.000 dólares mensuales.
“Es una burla, nos quitan nuestras casas y después nos las quieren alquilar”, cuestionó uno de los dueños. Hasta el momento, no se conocía qué uso tendrían los inmuebles.
Un patrón de traspasos al Seguro Social
El caso de playa Gavilán sería la primera transferencia conocida al INSS de inmuebles vinculados con ciudadanos extranjeros, en particular estadounidenses. La Procuraduría General de Justicia había donado 372 propiedades al organismo entre 2024 y octubre de 2026. Durante los primeros 17 años del régimen de Daniel Ortega, el INSS recibió dos propiedades; con los traspasos posteriores, el total ascendió a 374 bienes.
Esa cifra supera las 188 propiedades otorgadas al Ejército de Nicaragua y las 41 entregadas a la Alcaldía de Managua. Desde enero de 2007, el régimen transfirió 848 inmuebles a instituciones, alcaldías, empresas estatales, cooperativas, fundaciones y organizaciones gremiales. Managua concentró 131 traspasos al Seguro Social; Rivas, 104; Estelí, 71, y Matagalpa, 27. No se identificaron donaciones al organismo en Río San Juan, Boaco, Chontales ni en la región autónoma del Caribe Norte.
La mayoría de los traspasos al INSS no incluyó información sobre extensión territorial, ubicación detallada o número catastral: solo seis de los 374 bienes contenían esos datos registrales. Un corredor de bienes raíces, cuya identidad fue reservada, consideró que esa falta de información puede limitar las posibilidades de reclamo de los propietarios y advirtió que resulta poco habitual transferir una propiedad sin precisar su localización o dimensiones. Entre los inmuebles que sí incluyeron datos figura la isleta Zompopera, que pertenecía al economista y ex preso político Juan Sebastián Chamorro; el Acuerdo Presidencial 135-2024 detalló su superficie y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Granada.
La posición de Estados Unidos
Los propietarios notificaron el caso a la Embajada de Estados Unidos en Managua mediante una dirección de correo habilitada para ese tipo de consultas. Según indicaron, la respuesta recibida señaló que la representación diplomática no podía intervenir en asuntos de propiedad.
Un vocero del Departamento de Estado afirmó que “es profundamente lamentable que el Gobierno de Nicaragua irrespete reiteradamente los derechos de propiedad”. La institución recordó que su alerta de viaje advierte sobre posibles incautaciones de terrenos, viviendas, dinero y activos financieros sin aviso previo ni justificación legal, y recomendó precaución al evaluar inversiones inmobiliarias en Nicaragua, sobre todo en zonas costeras. Para quienes enfrenten disputas de este tipo, aconsejó contratar abogados locales. La dependencia indicó que conoce casos de reclamos de propiedad y conflictos de inversión entre sus ciudadanos y el régimen nicaragüense, y que los comunica cada año a las autoridades estadounidenses, sin precisar la cantidad de afectados.
Las publicaciones oficiales presentan las transferencias al INSS como una medida para fortalecer la seguridad social y ampliar la cobertura de trabajadores y familias. Los dueños de las viviendas de playa Gavilán esperan recuperar las construcciones o recibir una compensación por su valor y por los bienes que quedaron dentro. El desenlace del caso podría marcar un precedente para otros propietarios extranjeros que mantienen inversiones en la franja costera del país y que, hasta ahora, carecen de información registral precisa sobre los inmuebles transferidos al Estado.