Las 12 universidades públicas de Nicaragua recibirán en 2027 10,215.2 millones de córdobas, alrededor de 275.8 millones de dólares, según la partida contemplada en el Presupuesto General de la República. La cifra equivale al 5.2% de los ingresos proyectados y queda por debajo del 6% que ordena el artículo 114 de la Constitución Política.
- Asignación 2027: 10,215.2 millones de córdobas (USD 275.8 millones), el 5.2% de los ingresos presupuestados.
- Brecha constitucional: con el 6% las casas de estudio habrían recibido 11,708.2 millones de córdobas (USD 316.1 millones); la diferencia es de 1,493 millones de córdobas (USD 40.3 millones).
- Sin compensación: el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, indicó que ese faltante no será transferido a las universidades.
- Patrón sostenido: la partida se mantiene por debajo del porcentaje constitucional desde 2021.
El peso del 6% en las cuentas públicas
Los ingresos ordinarios y extraordinarios calculados para 2027 ascienden a 195,136.7 millones de córdobas (USD 5,268.7 millones). Si se aplicara la regla constitucional, el monto para la educación superior llegaría a 11,708.2 millones de córdobas (USD 316.1 millones). Frente a lo asignado, el faltante es de 1,493 millones de córdobas, unos 40.3 millones de dólares.
El artículo 114 de la Carta Magna dispone que las universidades reciban el 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios previstos en el presupuesto nacional. Para el próximo ejercicio, la proporción anunciada es menor a ese mandato y el Estado no cubrirá la diferencia.
Un sexenio con partidas menores al mandato
La revisión de las partidas presupuestarias muestra que la asignación se ha mantenido por debajo del 6% desde 2021. Entre ese año y 2024, los recursos para las universidades representaron el 4.8% de los ingresos presupuestados en cada ejercicio. El monto que dejó de destinarse a la educación superior en el periodo de seis años analizado suma 9,884 millones de córdobas (USD 266.9 millones), cantidad a la que se sumará la diferencia programada para 2027.
En 2025, la asignación que habría correspondido al 6% era de 10,005.4 millones de córdobas (USD 270.1 millones). El presupuesto fijó 7,591.8 millones (USD 205 millones), pero las instituciones recibieron finalmente 6,532 millones de córdobas (USD 176.4 millones), es decir, el 3.9% de los ingresos presupuestados. La proporción resulta menor aún frente a los ingresos efectivos, que superaron los 180,045 millones de córdobas, resultado atribuido a una mayor recaudación tributaria y a una baja ejecución del gasto. Antes de 2021 las universidades recibían una proporción ligeramente superior al 6%, cuando eran menos las instituciones públicas que dependían de esa partida.
Clausuras de privadas y universidades nuevas
La reducción del porcentaje coincidió con una intervención política sobre los centros de educación superior que derivó en el cierre de unas 28 universidades privadas y en la confiscación de sus campus. Tras esos cierres se crearon universidades públicas en inmuebles de instituciones que antes recibían parte de la partida constitucional, y algunas de las nuevas entidades incorporaron estudiantes de los centros clausurados.
La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA) agrupó a estudiantes de al menos cuatro universidades cerradas, mientras que la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL) también asumió parte de esa matrícula, incluida población de la Universidad Juan Pablo II y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. La UNPGGL tiene más de 6,700 estudiantes y campus en ocho departamentos, aunque su asignación fue de 2 millones de córdobas (USD 54,000) en 2025 y de 1.8 millones (USD 48,600) en 2026. El contraste es la UNFLEP de Estelí, que recibió 174 millones de córdobas (USD 4.7 millones) en 2026 con cerca de la mitad de la matrícula informada por la UNPGGL.
Ejecución desigual del gasto
En 2025, la UNMRMA fue la única universidad que ejecutó la totalidad de su presupuesto, mientras que las demás instituciones que reciben fondos de la partida constitucional registraron una ejecución promedio del 89%. La Secretaría Técnica para la Atención de las Universidades, antes Consejo Nacional de Universidades, tenía asignados 356 millones de córdobas (USD 9.6 millones) y ejecutó el 32%, un gasto de 112 millones de córdobas (USD 3 millones).
Con la partida de 2027 ya definida, el financiamiento de la educación superior regresa al terreno constitucional: la brecha de 1,493 millones de córdobas se acumula a un faltante histórico que supera los 9,800 millones y que no tiene mecanismo de reposición previsto. El destino de esos recursos quedará atado al comportamiento de la recaudación y a la ejecución del gasto, en un año donde la matrícula pública depende en buena medida de instituciones creadas tras las clausuras.