La violencia armada volvió a golpear a las comunidades indígenas del Caribe norte de Nicaragua. La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES) denunció el 19 de octubre que un padre y su hijo de origen mayangna fueron asesinados durante un ataque que la organización atribuye a colonos armados en la comunidad de Dimanwas, perteneciente al territorio Sauni As, en la Reserva de Biósfera de Bosawás, jurisdicción del municipio de Bonanza.
- Hechos: el ataque ocurrió entre la noche del domingo 18 y la madrugada del lunes 19 de octubre.
- Víctimas: fueron asesinados Dionicio Hernández Bruno y su hijo Wilmer Hernández Smith, ambos mayangna.
- Responsables señalados: cerca de 15 hombres armados identificados por AMDES como colonos no indígenas.
- Daños: al menos cuatro viviendas incendiadas con niños y adultos dentro, disparos contra animales de las familias y cuatro hombres secuestrados.
Incendios, disparos y secuestros en Dimanwas
De acuerdo con el pronunciamiento de la organización, el grupo armado ingresó a la comunidad y prendió fuego a por lo menos cuatro casas donde se encontraban menores de edad y personas adultas. La denuncia no reporta víctimas adicionales entre quienes habitaban esos inmuebles, pero sí la muerte de dos de los cuatro hombres que fueron privados de libertad.
AMDES identificó a las víctimas mortales como Dionicio Hernández Bruno y su hijo Wilmer Hernández Smith, y sostuvo que el ataque se suma a una cadena de agresiones previas contra las comunidades mayangna asentadas en Sauni As. La asociación advirtió que el hecho evidencia el nivel de riesgo que enfrentan las familias que permanecen en ese territorio ancestral.
“Secuestraron a cuatro hombres, asesinando a dos indígenas mayangna que eran padre e hijo”, afirmó la asociación en su comunicado.
Alerta por hombres armados y presiones territoriales
El pronunciamiento también advierte sobre la circulación, en las últimas semanas, de imágenes en redes sociales que mostrarían a jóvenes portando fusiles M16 y AK-47. A ello suma la existencia de un supuesto comunicado de colonos con amenazas dirigidas a integrantes de las comunidades por sus labores de vigilancia territorial.
Según la lectura de AMDES, detrás de estos episodios hay intereses ligados a la minería y la ganadería en zonas habitadas por población mayangna. La organización plantea que esas actividades buscan ampliar su presencia mediante el desplazamiento de comunidades indígenas de territorios considerados de potencial productivo y extractivo.
La asociación calificó los hechos recientes como posibles crímenes de “genocidio y etnocidio cultural”, una caracterización propia de la entidad denunciante que no equivale a una resolución judicial.
Cuestionamientos a la respuesta institucional
AMDES cuestionó la actuación de las autoridades territoriales, municipales, regionales y nacionales. Afirmó que esas instancias conocen la situación imperante en la zona, pero que no han adoptado garantías suficientes para proteger los derechos colectivos e individuales de la población mayangna.
La organización recordó que Sauni As acumula al menos seis episodios de violencia de alto impacto en los últimos 15 años, lo que, a su juicio, confirma un patrón sostenido de inseguridad en las comunidades de la Costa Caribe Norte.
Entre sus demandas, solicitó a las autoridades investigar el caso y llevar ante la Justicia a los autores materiales e intelectuales de la agresión. También pidió protección urgente para las comunidades afectadas y el arranque de un proceso de saneamiento territorial.
Finalmente, la asociación convocó a la población nicaragüense a solidarizarse con las familias víctimas y llamó a la comunidad internacional a impulsar acciones diplomáticas para exigir protección frente a la violencia y el despojo de tierras indígenas.
El caso de Dimanwas coloca otra vez la mirada sobre la situación de los pueblos originarios en la Reserva de Bosawás, donde la disputa por el uso del suelo, la presencia de actores armados y la débil respuesta institucional siguen marcando la vida cotidiana de las comunidades. La exigencia de AMDES de una investigación judicial y de medidas de protección concretas será, en los próximos días, el principal termómetro para medir si las autoridades atienden una denuncia que la propia organización describe como parte de una escalada sostenida.