La Unidad de Exiliados Nicaragüenses reclamó a la justicia de Costa Rica que imponga la pena máxima que contempla la ley en el proceso por el ataque armado que sufrieron sus fundadores, Joao Maldonado y Nadia Robleto, y demandó que la pesquisa se extienda hasta todos los posibles implicados. La pareja sobrevivió al atentado perpetrado el 10 de enero de 2024 en San Pedro de Montes de Oca, aunque ambos arrastran secuelas físicas y emocionales.
- Fecha del juicio: el debate oral está programado para iniciar el 6 de julio de 2026 en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, con una duración prevista de cinco días.
- Comparecencias: Maldonado declararía el 7 de julio y Robleto el 8, ambos de manera virtual.
- Acusado: el proceso apunta a Jeremy Jacob Rivas Núñez, señalado en una querella por dos presuntos delitos de tentativa de homicidio calificado.
- Exigencia central: las víctimas sostienen que una condena contra el imputado no debe cerrar el expediente si persisten dudas sobre la planificación y ejecución del crimen.
Una antesala judicial marcada por la expectativa
A pocas jornadas del inicio del juicio, Maldonado y Robleto insisten en que el caso no se limite a la responsabilidad material del acusado. Junto a organizaciones de derechos humanos, plantearon que las autoridades costarricenses deben leer el atentado a la luz de las denuncias sobre persecución contra opositores nicaragüenses que residen fuera del país.
De acuerdo con la información divulgada por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la audiencia estaba prevista inicialmente para cinco días, aunque ese plazo podría ampliarse según el desarrollo del debate. Para la pareja, las comparecencias representan volver sobre una agresión que alteró su vida cotidiana.
“Estamos agradecidos con Dios por estar con vida. Ante la magnitud del atentado logramos sobrevivir y eso nos da la oportunidad de dar testimonio de lo que nos pasó”, afirmó Maldonado.
La acusación y el sustento probatorio
El expediente tiene como imputado a Jeremy Jacob Rivas Núñez. El abogado de las víctimas, Marlon Antonio Medina Robleto, presentó una querella ante la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos por dos presuntos delitos de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Maldonado y Robleto.
Según el relato de Maldonado, tanto la Fiscalía como la representación legal de las víctimas expusieron elementos que respaldan la acusación durante una audiencia celebrada el 15 de abril de 2026.
“Las pruebas son contundentes. El procedimiento se desarrolló con normalidad y la querella presentada por nuestro abogado fue sólida”, señaló.
El contexto del exilio y el reclamo de una investigación integral
Los fundadores de la organización pidieron que el ataque se analice dentro del conjunto de denuncias sobre acciones dirigidas contra opositores nicaragüenses que viven fuera de su país. En ese marco, Maldonado mencionó el asesinato en Costa Rica del mayor en retiro Roberto Danilo Samcam Ruiz como un hecho que, a su juicio, ilustra los riesgos que enfrenta la comunidad exiliada.
“Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”, manifestó.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público costarricenses que garanticen un juicio independiente, apegado al debido proceso y con medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses que denuncian persecución en el exilio. La organización también pidió acompañamiento de organismos internacionales, entidades de derechos humanos, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil a lo largo del proceso.
El desenlace del juicio que inicia en julio será observado como un termómetro de la capacidad del sistema judicial costarricense para abordar agresiones contra exiliados políticos. Si la sentencia se limita al autor material y no avanza sobre la planificación del ataque, las víctimas y las organizaciones acompañantes ya advirtieron que persistirá la sensación de impunidad y se debilitará la protección de quienes denuncian desde fuera de Nicaragua.