Washington Alerta sobre Herramientas de Control Financiero en Nicaragua
Estados Unidos ha lanzado una contundente denuncia contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, acusándolos de instrumentalizar recientes reformas legislativas en materia financiera para intensificar el control sobre la sociedad civil y reprimir cualquier forma de disidencia. La crítica, articulada por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, señala que estas modificaciones no buscan combatir actividades ilícitas, sino fortalecer el aparato estatal para vigilar, congelar activos y criminalizar a organizaciones y ciudadanos independientes.
La administración estadounidense afirmó que “los apologistas de Murillo-Ortega están codificando la represión una vez más”, y que estas “reformas” están “diseñadas no para proteger a los ciudadanos de la actividad criminal, sino para controlar aún más a la sociedad civil, congelar activos y criminalizar cualquier negocio u organización que los dictadores consideren una amenaza o que busquen saquear”.
Nuevas Leyes: Un Vistazo a los Cambios Clave
Las reformas, aprobadas por la Asamblea Nacional nicaragüense entre el 16 y el 17 de junio de 2026 y en vigor desde el 19 de junio, impactan directamente en un paquete de cinco normativas. Estas incluyen la Ley 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; la Ley 976 de la Unidad de Análisis Financiero; el Código Penal (Ley 641); el Código Procesal Penal (Ley 406); y la Ley 735 de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Entre los aspectos más preocupantes de estas modificaciones se encuentran:
- Monitoreo Financiero Ampliado: Se exige a las instituciones bancarias y financieras reportar de forma detallada y periódica la información sobre operaciones de sus clientes, incluyendo compras, retiros y pagos realizados con tarjetas de crédito y débito, tanto nacionales como internacionales.
- Fortalecimiento de la UAF: La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ve ampliadas sus facultades para solicitar y acceder a información financiera, consolidando su papel como herramienta de vigilancia estatal.
- Inmovilización Automática de Activos: Las nuevas disposiciones permiten la inmovilización “sin demora” de fondos y otros activos de personas naturales o jurídicas sospechosas de lavado de activos, con críticos señalando que esta medida puede realizarse sin una orden judicial previa, lo que se apartaría de los estándares internacionales.
- Control sobre Organizaciones: Se obliga a cooperativas y organizaciones sin fines de lucro a reportar a sus “beneficiarios finales” ante entidades estatales como INFOCOOP y el Ministerio del Interior, respectivamente.
- Redefinición de “Actos Terroristas”: Se redefine el concepto para incluir “alterar gravemente el orden público”, lo que genera preocupación sobre su posible uso para criminalizar protestas o cualquier actividad opositora.
Impacto en la Sociedad Civil y Reacciones
Estas reformas se insertan en un contexto de creciente represión y restricciones a las libertades en Nicaragua, donde miles de organizaciones no gubernamentales han sido canceladas y bienes de opositores, medios de comunicación y universidades han sido confiscados desde 2018.
Mientras el régimen de Ortega-Murillo justifica los cambios como una adecuación a los estándares internacionales para el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, analistas y organizaciones opositoras insisten en que su verdadero objetivo es fortalecer el control político. Expertos han advertido que las disposiciones facilitan el bloqueo de cuentas, restricciones patrimoniales y un monitoreo exhaustivo de los movimientos económicos de ciudadanos, empresarios y organizaciones civiles, configurando un “golpe final” al Estado de derecho.
La denuncia de Estados Unidos subraya la preocupación internacional sobre el uso de la legislación para fines represivos y el continuo deterioro de los derechos humanos y libertades democráticas en Nicaragua. La comunidad internacional permanece atenta a las implicaciones de estas medidas sobre la capacidad de operación de la sociedad civil y la privacidad financiera de los ciudadanos nicaragüenses.
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