Asamblea Nacional de Nicaragua recibe paquete de reformas clave
Managua, Nicaragua – La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control del partido gobernante, recibió este miércoles 8 de abril de 2026 un paquete de reformas sustanciales que afectan la Ley de Concertación Tributaria, la Ley General de Zonas Francas y la Ley que establece el autodespacho para la importación, exportación y regímenes aduaneros. Estos proyectos legislativos fueron remitidos de inmediato a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para su estudio.
Las iniciativas llegan en un momento de desafíos económicos para el país y buscan, según el gobierno, ajustar el marco legal a las realidades actuales y futuras. Sin embargo, analistas económicos y sectores productivos están a la expectativa de cómo estas reformas impactarán la economía nacional, especialmente en un contexto donde tradicionalmente los proyectos enviados por la Presidencia experimentan pocos cambios significativos durante su trámite legislativo.
Reformas a la Ley de Concertación Tributaria: posibles beneficios y expectativas
Uno de los ejes principales del paquete es la modificación a la Ley de Concertación Tributaria. Aunque los detalles completos de los cambios aún están bajo análisis, reportes de prensa sugieren que algunas de estas reformas podrían implicar beneficios para ciertos productos importados, particularmente aquellos provenientes de Estados Unidos, a través de ajustes en el impuesto selectivo al consumo.
«Esto es un poco extraño, pareciera que son productos, quizás provenientes de Estados Unidos y por eso es que están bajándole a este impuesto selectivo al consumo. Habría qué ver cuáles son las importaciones desde Estados Unidos de estos productos y si se importan de otros lados», indicó un analista consultado por La Prensa, señalando la naturaleza particular de estas exenciones.
El proceso de consulta con los sectores involucrados se espera, aunque la experiencia previa sugiere que las propuestas presidenciales generalmente se aprueban con pocas o ninguna enmienda.
Ley General de Zonas Francas: en busca de la retención empresarial
Las reformas a la Ley General de Zonas Francas llegan en un momento crítico para este sector, que ha experimentado una contracción significativa en los últimos años. En los últimos tres años y medio de crisis, al menos 40,300 trabajadores han sido despedidos y cerca de 23 compañías han cerrado operaciones. La propuesta busca ofrecer incentivos para retener a las empresas existentes y atraer nuevas inversiones.
Entre los cambios más destacados, se contempla un alivio fiscal para los dividendos generados por las empresas en zonas francas. La iniciativa ordena la exención del 100 por ciento del Impuesto sobre la Renta por actividades económicas y, además, los socios de estas empresas gozarán de la exención del pago de Impuesto sobre los dividendos por un período de 15 años. Este beneficio puede ser prorrogable por períodos iguales, sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional de Zonas Francas. Específicamente, Gozarán del 100 por ciento de ese alivio en los primeros 10 años de funcionamiento de la empresa y del 60 por ciento a partir del undécimo año en adelante. Estos incentivos, sin embargo, no incluyen impuestos sobre ingresos personales, salarios o emolumentos pagados al personal.
Esta medida se percibe como un esfuerzo por reactivar un sector vital para la economía nicaragüense, que ha sido un motor importante en la generación de empleo y exportaciones.
Modificaciones a la Ley de Autodespacho Aduanero y sus implicaciones
Paralelamente, la Asamblea también abordará una reforma a la Ley 265, Ley que establece el autodespacho para la importación, exportación y regímenes aduaneros. Esta modificación incorpora un nuevo requisito crucial para los importadores: deberán adjuntar una declaración escrita mediante un formulario que será proporcionado por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
Este cambio podría generar implicaciones adicionales para el comercio exterior del país, aumentando la burocracia para los importadores. La Ley 265 original, aprobada en 1997 y consolidada en 2021, regula los actos y formalidades aduaneras para la entrada o salida de mercancías, estableciendo el sistema de autodespacho donde los interesados cumplen con las obligaciones arancelarias y tributarias. La adición de este nuevo requisito, por lo tanto, representa una modificación en los procedimientos que los importadores deberán seguir.
Contexto estratégico: atracción de inversión y zonas económicas especiales
Estas reformas se enmarcan en una estrategia más amplia del gobierno de Nicaragua para atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo económico. Desde finales de 2025, el país ha impulsado activamente la Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta, buscando consolidarse como un punto de interés para la inversión, particularmente la proveniente de China.
Las ZEE, complementando el régimen de zonas francas, ofrecen amplios incentivos fiscales y aduaneros, incluyendo la exención total del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sobre dividendos por diez años (renovables), exención de tributos aduaneros en importaciones de bienes y servicios, exención de IVA en compras locales e incluso exención total de impuestos municipales. A diferencia de las zonas francas tradicionales, las ZEE no se limitan solo a actividades exportadoras, sino que amplían el espectro a sectores industriales, agroindustriales, tecnológicos y de servicios de valor agregado.
La presentación de este nuevo paquete de reformas reafirma la postura del gobierno en su búsqueda de estímulos económicos, aunque la naturaleza y el impacto final de estas leyes dependerán de su implementación y de cómo los sectores afectados logren adaptarse a los nuevos marcos regulatorios.
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