UNAB y Alianza Cívica acusan a Gobierno de boicotear negociaciones

Los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco emitieron un comunicado en el que denunciaron que el estancamiento en la mesa de negociación, se debe a que la dictadura sigue incumpliendo los acuerdos firmados con la opositora Alianza Cívica, y que, de continuar la misma situación, el pueblo nicaragüense queda expuesto a más violencia y abusos de poder.

“Es imposible avanzar en la negociación, sin la presencia de garantes internacionales, ya que está demostrado que este régimen no ha respetado la autoridad de la nunciatura ni de la secretaría general de la OEA, exponiendo el prestigio de los mismos”, cita parte del comunicado.

En el mismo comunicado, la UNAB, exigió la liberación total e inmediata de todos los presos políticos, el retorno con garantías de los exiliados, la devolución de personerías jurídicas a organizaciones y el desarme de paramilitares orteguistas. En cuanto a las sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega, la UNAB, afirma que las sanciones, son responsabilidad de la misma dictadura. “El mal intencionado discurso de culpar a otros de sanciones, que han sido provocadas por su abuso de poder y violaciones a derechos no es creíble”.

“Ortega debe tener presente que el proyecto de ley, NICA ACT, (ley para el condicionamiento de las inversiones en Nicaragua), inició antes de abril, en 2016, a causa de la expulsión de la oposición de la Asamblea”, dice el texto.

Por su parte, Violeta Granera, representante del Frente amplio por la democracia (FAD) y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, afirmó que, el orteguismo nunca ha tenido intención de cumplir los acuerdos.

“Todos en Nicaragua sabemos que Ortega nunca ha tenido intención de dialogar, por eso hemos decidido dar la batalla por medio de la lucha cívica. Sabemos que es la manera menos costosa, es obligando a Ortega a aceptar los cambios que el pueblo está demandando”.

Granera, además sostuvo que seguirán levantando la voz con protestas pacíficas, donde demandan elecciones anticipadas y la libertad de todos los presos políticos. “No podemos dar fecha ni cómo protestaremos, pero lo que sí debe tener claro Ortega, es que seguiremos levantándonos en contra su dictadura”.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió un segundo comunicado en el que sienta una posición contundente y sin dobleces, frente a la descalificación y el discurso incendiario y ofensivo de la dictadura Ortega Murillo, que ha atizado una campaña encaminada en la criminalización de la contraparte opositora.

“En su más reciente comunicado, el Gobierno indica, al peso de las palabras, que la Alianza Cívica es responsable de innumerables crímenes, tropelías e incluso actos diabólicos y que en el llamado nos hiciéramos responsables de tales acciones. Esto quiere decir que en adición a llamar a suspender sanciones a funcionarios corruptos, nos autoimpliquemos en la comisión de delitos. Proponer semejante acción, producto de la necedad y la estulticia, comprueba que el Gobierno pretende trancar y entorpecer el cumplimiento a lo ya firmado”, denunció la coalición cívica.

Los negociadores también denunciaron que la dictadura está dejando al desnudo su intención de trancar la posibilidad de negociar los temas importantes que desataron la peor crisis política que ha vivido el país en tiempos de paz. “Llamar a una contraparte de un proceso de negociación que se declare culpable de delitos, sólo comprueba la falta de voluntad de sentarse a la mesa a discutir los temas fundamentales”, declararon los miembros de la Alianza en su misiva.

La Alianza Cívica también anunció que asistirá al INCAE, donde la dictadura, todos los días llega para simular disposición de mantenerse en las pláticas. “La Alianza se hará presente una vez más, por su compromiso con la justicia, la democracia y la liberación de los presos políticos, al INCAE a escuchar los ya consabidos insultos y amenazas”.

El Gobierno insiste con su posición que se haga un llamado a suspender las sanciones, llamado que además de inútil y vacío, no resolverá el problema de fondo del país como son la sistemática violación de derechos al pueblo nicaragüense”, la advirtió el grupo negociador.

El pasado lunes, seis de mayo, la dictadura emitió un comunicado, con tinta y sello de la primera dama, Rosario Murillo, en el que señaló a los miembros de la Alianza Cívica de ser los autores de una serie de delitos, entre los que sobresalen, asesinatos, incendios, destrucción de propiedades, secuestros y terrorismo.

Murillo además mandó a amenazar a la contraparte negociadora, a quienes les adviritó que están “identificados por nuestro Pueblo, como responsables y culpables de los crímenes y acciones destructivas cometidos en ese período”.